sábado, 5 de julio de 2014

Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

El 2 de junio de 2014, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I comunicó al Sr. Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar mediante entrega de un escrito, firmado en su presencia, con el siguiente tenor literal:
«En mi proclamación como Rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra Nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa 
Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. 
Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia el pueblo español.
Orgullo, por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. 
Y gratitud, por el apoyo que me han dado los españoles para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.
Fiel al anhelo político de mi padre, el Conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser Rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con sus aspiraciones, he gozado con sus éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración les han embargado. 
La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social pero también nos está señalando un camino de futuro de grandes esperanzas.
Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. 
Y, como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos: una gran nación.
Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. 
En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco.
Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. 
Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles.
Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. 
Mi hijo, Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica.
Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. 
El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la Princesa Letizia. 
Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España, deponiendo en manos del Gobierno y de las Cortes Generales mi magistratura y autoridad para que provean a la efectividad de la sucesión en la Corona conforme a las previsiones constitucionales. 
Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. 
Y mi gratitud a la Reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. 
Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.»
Su Majestad el Rey lo puso en conocimiento de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado y el Presidente del Gobierno dio traslado del escrito al Consejo de Ministros.

El artículo 57.5 de la Constitución Española dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Este precepto sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español, que en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a que diera lugar la sucesión así como la autorización de la abdicación, incluso mediante una ley especial para cada caso. Si bien la Constitución en vigor no utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea éste el instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión.

La entrada en vigor de la presente ley orgánica determinará, en consecuencia, que la abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la Corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución.

Artículo único. Abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
2. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 18 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.


El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY



Enlace: Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 148, sec. I, páginas 46396, 46397 y 46398, pdf.

Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6477 Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real DecretO 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

El 2 de junio de 2014, S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al Sr. Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar.
El artículo 57.5 de la Constitución Española dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica». El 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
La normativa en vigor otorga, en algunos aspectos, el adecuado tratamiento a SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia tras la abdicación, en cuanto que permanecen como miembros de la Familia Real. Sin embargo, existen otras cuestiones que es preciso regular para determinar el estatuto de los Reyes tras la abdicación, que hoy en día se tratan en distintas normas.
El Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, ya previó, en su disposición transitoria primera, el tratamiento y títulos correspondientes a Don Juan de Borbón y Battenberg y de su consorte tras la renuncia a sus derechos dinásticos por el primero.
El otorgamiento de un tratamiento singular al Rey que, voluntariamente, pone fin a su reinado, y a la Reina Consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo único.   Modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Se añade una disposición transitoria cuarta en el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, redactada como sigue:
«Disposición transitoria cuarta.
Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares.
Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para la Princesa o el Príncipe de Asturias consortes en dicho Real Decreto.
El orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI».
Disposición final única.   Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento en que lo haga la Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.


El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY



Enlace: Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. I, páginas 46399 y 46400, pdf.

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

6431 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por el apartado cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece que las Administraciones educativas desarrollarán el currículo de los títulos de formación profesional, a partir del currículo básico.
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido las condiciones específicas de ordenación de la Formación Profesional Básica. Asimismo, en su Disposición final tercera, establece queel primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015.
Este marco normativo hace necesario establecer las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como establecer el currículo de los ciclos formativos correspondientes a los catorce títulos profesionales básicos establecidos, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 5 del citado Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
Los centros de formación profesional concretarán y desarrollarán los currículos establecidos en esta orden, adaptándolos a su entorno socio-productivo y educativo teniendo en cuenta las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad, e impulsarán el trabajo en equipo del profesorado.
Finalmente, cabe precisar, que el currículo de estos ciclos formativos integra aspectos científicos, tecnológicos y organizativos y las competencias del aprendizaje permanente de las enseñanzas establecidas en el currículo básico para lograr que alumnos y alumnas adquieran una visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional correspondiente y poder continuar estudios en el sistema educativo.
En el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado.
Por todo lo anterior, en su virtud,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.

La presente orden tiene por objeto:

1. Establecer las condiciones de implantación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica.
2. El establecimiento del currículo de los ciclos formativos correspondientes a los siguientes títulos de Formación Profesional Básica regulados en los anexos I a XIV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

1.º)     Título Profesional Básico en Servicios Administrativos (anexo I).
2.º)     Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (anexo II).
3.º)     Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje (anexo III).
4.º)     Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones (anexo IV).
5.º)     Título Profesional Básico en Cocina y Restauración (anexo V).
6.º)     Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos (anexo VI).
7.º)     Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales (anexo VII).
8.º)     Título Profesional Básico en Peluquería y Estética (anexo VIII).
9.º)     Título Profesional Básico en Servicios Comerciales (anexo IX).
10.º)   Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble (anexo X).
11.º)   Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios (anexo XI).
12.º)   Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel (anexo XII).
13.º)   Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje (anexo XIII).
14.º)   Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería (anexo XIV).

Artículo 2.   Ámbito de aplicación.

Lo establecido en esta orden será de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CAPÍTULO II
Plan de estudios

Artículo 3.  Currículo.

1. El currículo de los títulos de Formación Profesional Básica responde a lo establecido en los Capítulos III y IV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y al currículo básico regulado para cada título en la norma correspondiente.
2. El currículo para cada ciclo formativo:
a) Completará los contenidos de los módulos profesionales.
b) Fijará la duración de cada módulo profesional.
c) Establecerá la secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.
d) Concretará los espacios y equipamientos.
3. Los aspectos citados en el apartado anterior, para los currículos que se establecen en esta orden, se desarrollan en los apartados correspondientes de los anexos I a XIV.

Artículo 4.   Adaptación al entorno socio-productivo.

1. El currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica se establecerá teniendo en cuenta las características socioeconómicas del sector.
2. El currículo de cada ciclo formativo potenciará la cultura de calidad, de prevención de riesgos laborales, del respeto ambiental, de excelencia en el trabajo, atendiendo a la normativa específica aplicable en el sector productivo o de servicios correspondiente.

Artículo 5.   Adaptación al entorno educativo.

1. Los centros de formación profesional del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos de Formación Profesional Básica teniendo en cuenta las características de los alumnos y las alumnas y del entorno, promoviendo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
2. La oferta de ciclos formativos en el marco de la formación profesional dual del sistema educativo estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siempre que se garantice que la totalidad de los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II se impartan en el centro educativo y se respete la asignación horaria de la tutoría, según lo previsto en la presente orden. La duración de la permanencia en los centros de trabajo supondrá el 25% de la duración total del ciclo formativo, excepto para aquellos títulos que incluyen perfiles profesionales que aconsejen una duración mayor, dentro de los límites establecidos. Excepcionalmente para aquellos casos en que las características de los alumnos y las alumnas o la disponibilidad de los centros de trabajo requieran una duración menor, se podrá reducir la permanencia en el centro de trabajo sin que en ningún caso pueda ser inferior al 15%.
3. La oferta de formación profesional dual será autorizada por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional, previo informe de la Inspección Educativa y de la Dirección Provincial correspondiente.
4. Los centros educativos podrán establecer unidades formativas en los módulos profesionales y en las condiciones que se establecen en los artículos 6 y 7 de la presente orden.

Artículo 6. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas de las enseñanzas de Formación Profesional Básica.

1. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I serán de oferta obligatoria en primer curso, los de Comunicación y Sociedad II y Ciencias Aplicadas II lo serán en segundo curso, y estarán contextualizados al campo del perfil profesional del título.
2. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II serán impartidos por el profesorado de la especialidad correspondiente que acredite, como mínimo, el nivel B2 de lengua extrajera, inglés, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. Cuando el profesorado de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II no pueda acreditar el nivel B2 para hacerse cargo de la impartición completa de dichos módulos profesionales, el centro educativo podrá proponer a la Dirección Provincial correspondiente el establecimiento de una unidad formativa de lengua extranjera, inglés, asociada a estos módulos, en las siguientes condiciones:
a) El centro educativo determinará en la programación general anual la duración horaria de la unidad formativa de inglés y del resto del módulo profesional, respetando la duración total establecida en el currículo para dichos módulos.
b) La programación de la unidad formativa deberá realizarse de forma coordinada con el profesorado encargado de la impartición del módulo, mantendrá el principio globalizador de estas enseñanzas y deberá garantizar la adquisición del conjunto de resultados de aprendizaje de dichos módulos.
Artículo 7.   Módulo de formación en centros de trabajo.

1. Para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
2. El módulo profesional de FCT no tendrá carácter laboral y se desarrollará en un entorno productivo real.
3. La duración de este módulo profesional será, con carácter general, de 240 horas en centros de trabajo para cada ciclo formativo.
4. La impartición de este módulo profesional se realizará, de manera general y con carácter preferente, durante el tercer trimestre del segundo curso, una vez alcanzada la evaluación positiva en el resto de los módulos profesionales que incluye el ciclo formativo.
5. No obstante, cuando así se considere por las características del título profesional, se podrán establecer en la orden del currículo dos unidades formativas para la realización de la FCT, una al final del primer curso y otra al final del segundo, referidas a las unidades de competencia desarrolladas en los módulos profesionales de cada curso.
6. Cualquier otra distribución temporal de dicho módulo profesional requerirá la autorización de la Dirección General de Formación Profesional, a solicitud de la Dirección Provincial y previo informe favorable de la Inspección Educativa.
7. Con objeto de garantizar al alumnado la formación previa en prevención de los riesgos específicos de las actividades a realizar en la formación en centros de trabajo, ésta se incluirá como primera actividad formativa en el convenio de colaboración para el desarrollo de la FCT entre los centros educativos y los centros de trabajo.
8. Las Direcciones Provinciales de Educación, de forma excepcional, podrán autorizar la realización de este módulo profesional en centros educativos o en instituciones públicas, en calidad de centros de trabajo, previo informe de la Inspección Educativa, en las condiciones establecidas en el Artículo 10.4 del Real decreto 127/2014, de 28 de febrero.
9. Asimismo, también de forma excepcional, la Dirección Provincial correspondiente podrá disponer medidas de prelación para los alumnos y las alumnas con discapacidad en la selección de las empresas que participan en el desarrollo del módulo de FCT en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 8.   Competencias y contenidos de carácter transversal.

1. Los aspectos de competencias y contenidos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se desarrollarán de forma transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo formativo y en la tutoría, de acuerdo al proyecto educativo del centro.
2. La programación general anual y las programaciones docentes de cada uno de los módulos y de la tutoría identificarán claramente el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación que se asocian a estos aspectos de carácter transversal.
3. La formación que se incluya en la programación de la tutoría del grupo desarrollará, además de los contenidos específicos que se determinen para la misma, los aspectos transversales que no puedan ser impartidos en los módulos profesionales.
4. La formación en prevención de riesgos laborales deberá incluir todos los contenidos que capaciten para llevar a cabo las funciones de nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como los establecidos en la normativa específica del sector.
5. En el caso de que se incluyan aspectos sobre prevención de riesgos laborales en la programación didáctica de la tutoría, dicha formación se incluirá en una unidad formativa asociada al módulo profesional de FCT para garantizar su impartición y evaluación. Dicha unidad formativa tendrá como mínimo una carga horaria de 25 horas y será impartida en el tiempo asignado a la tutoría durante el segundo curso escolar.

CAPÍTULO III
Aspectos metodológicos de estas enseñanzas

Artículo 9.   Metodología de estas enseñanzas.

1. La metodología debe contribuir a que el alumnado alcance todas las competencias y los resultados de aprendizaje incluidos en el ciclo formativo.
2. La actividad docente debe tener un enfoque globalizador en torno a determinados logros que permitan integrar el conocimiento definido en los diferentes módulos profesionales, así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias profesionales del perfil profesional del título correspondiente, que deberá ser concretada en el currículo y en las programaciones docentes.
3. La metodología favorecerá la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en grupo de los alumnos y las alumnas, el carácter motivador de las actividades y la creación de situaciones de aprendizaje que conduzcan al logro de los resultados previstos.
4. La metodología aplicada debe permitir ritmos distintos de aprendizaje en la progresión de los alumnos y las alumnas para la consecución de los resultados de aprendizaje, partiendo de su situación inicial.
5 Los centros adoptarán las medidas necesarias para conseguir que el número de profesores o profesoras que atienda al grupo sea el menor posible y que se realice una coordinación efectiva del equipo docente para asegurar el enfoque globalizador e integrador.
6. La organización de las enseñanzas de estos ciclos formativos será flexible para adaptarse a las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje que pudieran presentarse en el grupo, respetando los elementos curriculares y la distribución horaria establecida para cada uno de los módulos profesionales del ciclo formativo.

Artículo 10.   Tutoría.

1. La acción tutorial, además de lo recogido en el artículo 14 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, incluirá la formación necesaria para atender aquellos aspectos de los contenidos de carácter transversal no incluidos en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo.
2. Las actividades realizadas en la tutoría en cada curso académico se planificarán e incluirán en una programación específica del grupo de acuerdo con el plan de acción tutorial del centro.
3. La tutoría será ejercida por un profesor o profesora que imparta docencia al grupo de alumnos y alumnas. En el segundo curso académico, preferentemente, se asignará la tutoría al profesor responsable el módulo profesional de FCT.
4. Durante el segundo curso del ciclo formativo se programarán actividades para asesorar y orientar al alumnado sobre la toma de decisiones posteriores relacionadas con su futuro académico y profesional, en colaboración con el departamento de orientación.
5. La acción tutorial programará actividades formativas para promover el acercamiento de los alumnos y las alumnas al mundo laboral y a las empresas del entorno próximo.
6. Para garantizar los aspectos relacionados en los apartados anteriores, el horario del alumnado contemplará dos horas semanales de tutoría.

CAPÍTULO IV
Alumnado

Artículo 11.   Criterios de admisión.

1. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional, dictará instrucciones para establecer los criterios de admisión que se deben aplicar cuando la demanda de plazas supere a la oferta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
2. Cuando al finalizar el proceso de admisión en los grupos de formación profesional básica quedaran plazas vacantes, podrán ser admitidas personas mayores de 17 años hasta completar el grupo, siempre que no se alteren las condiciones pedagógicas del grupo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y con los criterios que se establezcan.

Artículo 12.   Evaluación y promoción.

1. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a dos convocatorias anuales, durante el máximo de cuatro cursos que podrán estar matriculados los alumnos y las alumnas en el ciclo formativo, excepto en el módulo profesional de FCT que podrá ser evaluado como máximo en dos convocatorias.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas que cursan estudios de Formación Profesional Básica será continua y por módulos profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
3. En el caso de que se establezca alguna de las unidades formativas contempladas en esta orden, la calificación del módulo profesional integrará la evaluación de las unidades formativas asociadas al mismo.
4. Los alumnos y las alumnas podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales
pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario semanal.
5. Además, para la promoción a segundo curso, el alumno o alumna deberá tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre que el equipo docente determine que puede continuar estudios con aprovechamiento.
6. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
7. Excepcionalmente, siempre que exista disponibilidad en los centros y así lo apruebe la inspección educativa, los alumnos y alumnas que hubieran superado el 50% de los módulos profesionales de primer curso podrán matricularse en módulos profesionales del segundo curso hasta completar el horario lectivo.
8. Quienes se hayan matriculado en un ciclo de Formación Profesional Básica podrán repetir el mismo curso una sola vez. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de un mismo curso, a criterio del equipo docente.

CAPÍTULO V
Profesorado, espacios y equipamientos

Artículo 13.   Titulaciones y acreditación de requisitos del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales de un ciclo formativo serán las establecidas en el anexo desarrollado en el real decreto que establezca el título de Formación Profesional Básica correspondiente.
2. Para impartir módulos profesionales en un ciclo de Formación Profesional Básica en centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de las educativas o para puestos de interinidad en centros públicos, según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la acreditación de los requisitos requerirá la aportación de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido. Cuando la titulación presentada esté vinculada con el módulo profesional que se desea impartir, se considerará que engloba en sí misma los objetivos de dicho módulo. En caso contrario, además de la titulación, se aportarán los documentos indicados en los apartados siguientes.
b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación oficial aportada o los estudios oficiales realizados engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir: 
  • Original o fotocopia compulsada de la certificación académica personal de los estudios realizados, expedida por un centro oficial, en la que conste el detalle de las materias o asignaturas cursadas. 
  • Original o fotocopia compulsada de los programas de los estudios cursados por la persona interesada, sellados por la Universidad correspondiente. 
c) Para la justificación de la experiencia docente se aportará la documentación acreditativa del centro docente autorizado por la administración educativa correspondiente, con indicación del tiempo de docencia y las materias, asignaturas o módulos profesionales impartidos. Dicha documentación deberá estar visada por la Inspección educativa.
d)En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral que, al menos durante tres años, se ha desarrollado una actividad profesional en el sector vinculado a la familia profesional, se acreditará, según el caso, mediante: 
  • Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 
— Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y
— Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 
  • Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 
— Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
— Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

3. Los profesores y profesoras que impartan los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II de forma unitaria y no pertenezcan a la especialidad de lengua extranjera, inglés, presentarán un certificado oficial que acredite estar en posesión, como mínimo, del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Artículo 14.   Espacios y equipamientos.

Los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de formación profesional para permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza de los ciclos de Formación Profesional Básica serán los indicados en el apartado correspondiente del anexo en que se establece cada uno de los currículos y deberán cumplir, además de lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la normativa sobre igualdad de oportunidades, sobre diseño para todos y accesibilidad universal, sobre prevención de riesgos laborales y sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo.

CAPÍTULO VI
Otras ofertas

Artículo 15.   Oferta para personas adultas.

1. Para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y la conciliación de la vida familiar y laboral, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional, podrá autorizar ofertas específicas de Formación Profesional Básica para personas adultas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, siempre que los centros autorizados cuenten con los espacios y equipamientos establecidos en el currículo de cada título profesional básico y cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 21 del citado real decreto.
2. Estas enseñanzas podrán ser ofertadas para estas personas de forma que puedan cursar un ciclo formativo en su integridad o bien mediante oferta parcial o modular.
3. En todo caso, la referencia para estas ofertas será el currículo establecido para cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica.

Artículo 16.   Oferta de otros programas formativos para personas con necesidades específicas.

A efectos de dar continuidad a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y responder a colectivos con necesidades específicas, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y previo informe de la Dirección Provincial correspondiente, podrá establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional, de duración variable, adaptadas a sus necesidades. Estos programas podrán incluir módulos profesionales de un título de formación profesional básico y otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades, de acuerdo con la disposición adicional cuarta, del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Disposición adicional única.   Implantación de estas enseñanzas.

1. En el curso 2014-2015 se implantará el primer curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2. En el curso 2015-2016 se implantará el segundo curso del ciclo formativo y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Disposición transitoria única.   Continuación de estudios para alumnos y alumnas que hayan superado el primer curso de un programa de Cualificación Profesional Inicial.

1. Las Direcciones Provinciales de Educación de las Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los centros educativos en los que los alumnos y alumnas que hayan superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial podrán cursar en el curso 2014-2015 los módulos voluntarios correspondientes a dichos programas.
2. Los alumnos y alumnas que hubieran iniciado un Programa de Cualificación Profesional Inicial que incluya un segundo curso con módulos obligatorios, podrán finalizar sus estudios durante el curso 2014-2015.
3. Hasta la total implantación de las modificaciones indicadas en la disposición adicional única, será de aplicación la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

Disposición derogatoria única.   Derogación normativa.

Queda derogada la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

Disposición final primera.   Aplicación de la orden.

Se autoriza a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y a la Dirección General de Formación Profesional, en el ámbito de sus competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Segunda Final.    Entrada en vigor .

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de junio de 2014.—El Ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.



Enlace: Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Boletín Oficial del Estado, miércoles 18 de junio de 2014, núm 147, sec. I, páginas 45627 y siguientes hasta 46025 inclusive (399 págs.), pdf.

Nota: Esta Orden consta de catorce anexos que se pueden ver accediendo al documento PDF oficial mediante el enlace que se facilita.

Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias

MINISTERIO DE DEFENSA

6489 Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias.

Suscrito el 14 de marzo de 2014 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez.

ANEXO

Convenio Marco entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de protección civil y gestión de emergencias

En Madrid, a 14 de marzo de 2014

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. César Muro Benayas, Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1368/2012, de 27 de septiembre, por delegación de firma conferida específicamente para este acto por el Ministro de Defensa según Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en virtud del Decreto 24/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, en nombre y representación de la citada Consejería, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4.3.a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación a la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo establecido en el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, por el criterio 4.2.1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de octubre de 2003, por el que se aprueban los criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Primero.

Que la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 que la competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones públicas; así mismo, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asignen.

Segundo.

Que la Ley 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, dispone en su artículo 15.3 que las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la legislación vigente. Así mismo, la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, firmada por el Presidente del Gobierno el 31 de julio, entre las directrices de ámbito nacional sobre la aportación de la Defensa a la Seguridad Nacional, señala la necesidad de promover la plena integración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el sistema nacional de Protección Civil, sobre la base de la cooperación entre Administraciones públicas en esta materia, así como canalizar, a través de ella, otros medios y recursos que aporten las Fuerzas Armadas en caso de emergencias.

Tercero.

Que la UME, encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y dependiendo del Ministro de Defensa, se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, con la misión de contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, interviniendo en situaciones de emergencia de carácter grave cuando tengan su origen en riesgos naturales, incendios forestales, las derivadas del riesgo tecnológico, entre ellos el químico, el nuclear, el radiológico y el bacteriológico, las que sean consecuencia de atentados terroristas, y la contaminación del medio ambiente.

Cuarto.

Que la Comunidad de Madrid es competente en materia de protección civil en los términos establecidos en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil y en la Ley Orgánica 3/1983de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y llamada a promover la celebración de convenios de colaboración entre las distintas Administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de 16 de octubre de 2003, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueban criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Quinto.

Que en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la UME, se recoge que el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar aquellos conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME con los distintos órganos de las Administraciones públicas; así mismo, se añade que con el fin de que la UME pueda cumplimentar satisfactoriamente las misiones asignadas, el Ministerio de Defensa suscribirá con las Comunidades Autónomas los acuerdos de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus redes y sistemas de alerta y emergencia.

Sexto.

Que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establece que con el fin de que los militares profesionales de tropa y marinería puedan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos, se les facilitará la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la formación profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su cualificación a través de la formación ocupacional.

Séptimo.

Que el marco legislativo y normativo referido en los puntos anteriores y la experiencia obtenida en materia de planificación y respuesta ante situaciones de emergencia cuyo origen sea el riesgo natural, los incendios forestales, el riesgo tecnológico, la contaminación del medio ambiente, etc., pone de relieve la necesidad del presente Convenio Marco y la conveniencia de extender la cooperación a todos los campos que sean de mutuo interés.

Octavo.

Que ambas partes consideran que para el mejor ejercicio de sus competencias y funciones, en lo concerniente a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el presente Convenio Marco debe coadyuvar a la coordinación operativa a través del mutuo conocimiento, la optimización de los recursos, la formación y la experiencia acumulada de ambas Instituciones.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de colaboración que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.   Objeto.

Este Convenio Marco tiene por objeto fomentar la colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias y la Dirección General competente en materia de protección ciudadana, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a conseguir la más eficaz respuesta ante situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, para lograr ante una intervención conjunta, la coordinación operativa necesaria, así como la realización de las actividades de planificación y preparación necesarias para asegurar esa respuesta eficaz. A este fin, se promoverá el intercambio de información, experiencias, conocimiento mutuo y actividades de formación en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Quedan fuera de este Convenio Marco las actuaciones relativas a los medios aéreos bajo mando operativo permanente de la UME en la lucha contra incendios forestales, que rigen los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Segunda.   Actuaciones.

1. Mediante la suscripción del presente Convenio Marco, así como de los convenios de aplicación, protocolos, acuerdos técnicos, o encomiendas de gestión que sean acordados en el seno de la Comisión Mixta recogida en la cláusula cuarta siguiente, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones conjuntas:
a) La interconexión a través de la Red Nacional de Emergencias (RENEM) de las redes y sistemas de alerta y emergencia existentes, u otra que se determine en su caso.
b) La formación técnica del personal de la UME, así como la participación de sus miembros en determinadas tareas formativas desarrolladas en materia de protección civil y gestión de emergencias en la Comunidad de Madrid.
c) La cooperación en materia de preparación, programación y realización de proyectos, cursos, encuentros o seminarios concretos en relación con la protección civil y la gestión de emergencias, que contribuyan al mutuo conocimiento, y propicien la actuación conjunta en la planificación y ejecución de ejercicios y puesta en común de procedimientos operativos.
d) Intercambio de información, documentación, publicaciones y material didáctico.
e) Cualquier otra modalidad de colaboración y cooperación de carácter práctico o técnico acordada por las partes.
2. La intervención conjunta de las distintas unidades se regulará mediante los correspondientes procedimientos que serán estudiados y desarrollados con posterioridad.

Tercera.   Financiación.

La aplicación y desarrollo de las actuaciones contempladas en este Convenio no supondrá en ningún caso la generación de costes extraordinarios para la Unidad Militar de Emergencias ni para la Comunidad de Madrid.

Cuarta.   Comisión de seguimiento.

Las acciones previstas en este Convenio Marco de colaboración se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de una Comisión Mixta paritaria integrada por dos representantes de cada parte firmante que se designen y con alternancia anual de la presidencia, iniciada por la Dirección General competente en materia de protección ciudadana.
Los representantes del Ministerio de Defensa serán nombrados por el Teniente General Jefe de la UME y los de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por el Director General competente en materia de protección ciudadana.
La citada comisión mixta será el órgano encargado del impulso, el seguimiento y la evaluación de las acciones derivadas de este Convenio Marco.
La reunión constituyente de la comisión mixta prevista en este Convenio Marco tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de su firma.
La comisión mixta deberá reunirse cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, una vez al año.
El funcionamiento de la comisión mixta se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.   Régimen jurídico.

Este Convenio Marco de colaboración tiene naturaleza administrativa y para la interpretación de dudas y controversias que surjan en el mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas, a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se aplicará supletoriamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del citado texto legal, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del Derecho.
Los litigios que puedan surgir entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente Convenio Marco deberán solventarse por mutuo acuerdo de las mismas. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Sexta.   Vigencia.

El presente Convenio Marco de colaboración será eficaz desde el momento de su firma y se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial de Estado».
Tendrá una vigencia de tres años a contar desde la fecha de su firma, prorrogándose automáticamente por años naturales y con iguales obligaciones para las partes, salvo denuncia expresa por cualquiera de ellas, realizada con una antelación mínima de seis meses a la fecha de vencimiento del convenio.

Séptima.   Causas de resolución.

Este Convenio Marco de colaboración se podrá resolver por:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Necesidades de la Seguridad Nacional o, en particular, del Ministerio de Defensa.
c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
En los supuestos de extinción se comunicará por escrito a la otra parte con una antelación mínima de tres meses y se realizará un informe de las actuaciones realizadas hasta la fecha de extinción.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio Marco en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.—Por el Ministerio de Defensa, el Teniente General Jefe de la UME, César Muro Benayas.—Por la Comunidad de Madrid, El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Salvador Victoria Bolívar.



Enlace: Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec.III, páginas 46420, 46421, 46422, 46423 y 46424, pdf.

Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz

MINISTERIO DE DEFENSA

6488 Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica a la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz.

Suscrita el 4 de mayo de 2014, la prórroga al Protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando (Cádiz), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha prorroga, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez.

ANEXO

Prórroga al Protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando (Cádiz)

En Sevilla a 4 de mayo de 2014.

REUNIDOS

De una parte: Doña Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria de Defensa, nombrada por Real Decreto 36/2012, de 5 de enero, en representación del Ministerio de Defensa y por delegación de firma expresa del Ministro de Defensa, para este acto, con arreglo al artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De otra: Doña María José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, nombrada por Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BOJA n.° 177, de 10 de septiembre de 2013), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 63.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y el artículo 26, apartados 1 y 2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad para la formalización de la presente prórroga y, en su virtud,

EXPONEN

Primero.

Que el 16 de enero de 2014 se suscribió entre las partes antes citadas un Protocolo General de Colaboración con objeto de establecer la cesión gratuita de la propiedad del inmueble donde se ubica el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando (Cádiz), y sus instalaciones y equipamiento, así como, la Cámara Hiperbárica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, el traspaso del personal civil del citado HGBDSC, y la creación de una clínica militar.

Segundo.

Que la cláusula décima del citado protocolo establece la fecha del 1 de junio de 2014 como tope para realizar el traspaso, si bien dispone que por acuerdo de ambas partes podrá prorrogarse la vigencia del mismo.
Por lo expuesto, las partes

ACUERDAN

Prorrogar la vigencia del Protocolo General de Colaboración, en sus mismos términos hasta el 1 de octubre de 2014.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente prórroga en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y en la fecha arriba indicado.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña.—La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.



Enlace: Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. III, páginas 46418 y 46419, pdf.

Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias

MINISTERIO DE DEFENSA

6487 Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias.

Suscrito el 19 de marzo de 2014, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en materia de protección civil y gestión de emergencias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez.

ANEXO

Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en materia de protección civil y gestión de emergencias

En Las Palmas de Gran Canaria a 19 de marzo de 2014.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. César Muro Benayas, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1368/2012, de 27 de septiembre, por delegación de firma conferida por el Ministro de Defensa expresamente para este acto.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC n.º 135, de 11-7-2011), en representación del Gobierno de Canarias, en virtud de las facultades que le atribuyen los artículos 16.1 y 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con los artículo 4 in fine del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, y 1, E), c) del Decreto 22/2008, 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Primero.

Que la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece, en su artículo 2, que la competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones públicas, asimismo, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asignen.

Segundo.

Que la Ley 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, dispone en su artículo 15.3 que las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la legislación vigente. Así mismo, la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, firmada por el Presidente del Gobierno el 30 de diciembre, entre las directrices de ámbito nacional sobre la aportación de la Defensa a la Seguridad Nacional, señala la necesidad de promover la plena integración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el sistema nacional de Protección Civil, sobre la base de la cooperación entre Administraciones públicas en esta materia, así como canalizar, a través de ella, otros medios y recursos que aporten las Fuerzas Armadas en caso de emergencias.

Tercero.

Que la UME, encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y dependiendo del Ministro de Defensa, se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, con la misión de contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, interviniendo en situaciones de emergencia de carácter grave cuando tengan su origen en riesgos naturales, incendios forestales, las derivadas del riesgo tecnológico, entre,ellos el químico, el nuclear, el radiológico y el bacteriológico, las que sean consecuencia de atentados terroristas, y la contaminación del medio ambiente.

Cuarto.

Que la Comunidad Autónoma de Canarias es competente en materia de protección civil en virtud de las disposiciones constitucionales y estatutarias, tal y como ha puesto de relieve la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en especial las sentencias 123/1984, de 18 de diciembre, y 133/1990, de 19 de julio), configurándose como una competencia concurrente con la Administración General del Estado. En el ejercicio de dicha competencia el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, que recoge en sus artículos 1, apartado 2.º, y 7, apartado c), los principios de colaboración, coordinación y cooperación que deben regir las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado.

Quinto.

Que en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la UME, se recoge que el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar aquellos conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME, con los distintos órganos de las Administraciones públicas; asimismo, se añade que con el fin de que la UME pueda cumplimentar satisfactoriamente las misiones asignadas. El Ministerio de Defensa suscribirá con las Comunidades Autónomas los acuerdos de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus redes y sistemas de alerta y emergencia.

Sexto.

Que el marco legislativo y normativo referido en los puntos anteriores y la experiencia obtenida en materia de planificación y respuesta ante situaciones de emergencia cuyo origen sea el riesgo natural, los incendios forestales. el riesgo tecnológico, la contaminación del medio ambiente, etc., pone de relieve la necesidad del presente Convenio Marco y la conveniencia de extender la cooperación a todos los campos que sean de mutuo interés.

Séptimo.

Que ambas partes consideran que para el mejor ejercicio de sus competencias y funciones, en lo concerniente a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. el presente Convenio Marco debe coadyuvar a la coordinación operativa a través del mutuo conocimiento, la optimización de los recursos, la formación y la experiencia acumulada de ambas Instituciones.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de colaboración que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.   Objeto.

Este Convenio Marco tiene por objeto fomentar la colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias y la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a conseguir la más eficaz respuesta ante situaciones de emergencia, para lograr, ante una intervención conjunta, la coordinación operativa necesaria, así como la realización de las actividades de planificación y preparación necesarias para asegurar esa respuesta eficaz. A este fin, se promoverá el intercambio de información, experiencias, conocimiento mutuo y actividades de formación en materia de protección civil y gestión de emergencias.

Quedan fuera de este Convenio Marco las actuaciones relativas a los medios aéreos bajo mando operativo permanente de la UME en la lucha contraincendios forestales, que rigen los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Segunda.   Actuaciones.

Mediante la suscripción del presente convenio marco, así como de los convenios de aplicación, acuerdos técnicos, o encomiendas de gestión que sean acordados en el seno de la Comisión Mixta recogida en la cláusula cuarta siguiente, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones conjuntas:

a) La interconexión a través de la Red Nacional de Emergencias (RENEM) de las redes y sistemas de alerta y emergencia existentes, según se acuerde en las reuniones técnicas pertinentes.
b) La participación de los miembros de la UME en las tareas formativas desarrolladas en materia de protección civil y gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias que tengan relación con su actividad y en las mismas condiciones que el resto del personal de emergencias del Gobierno de Canarias.
c) La cooperación en materia de preparación, programación y realización de proyectos, cursos, encuentros o seminarios concretos en relación con la protección civil y la gestión de emergencias, que contribuyan al mutuo conocimiento, y propicien la actuación conjunta en la planificación y ejecución de ejercicios y puesta en común de procedimientos operativos.
d) Intercambio de información, documentación, publicaciones y material didáctico.
e) La colaboración en materia de sanidad para facilitar el mantenimiento de las destrezas y habilidades propias del personal facultativo de la UME, así como el conocimiento de los protocolos de actuación para alcanzar la mayor interoperabilidad.
f) La colaboración en materia de planificación e intervención psicosocial en emergencias y catástrofes.
g) Cualquier otra modalidad de colaboración y cooperación de carácter práctico o técnico acordada por las partes.

Tercera.   Financiación.

La aplicación y desarrollo de las actuaciones contempladas en este Convenio no supondrá en ningún caso la generación de costes extraordinarios para la Unidad Militar de Emergencias, así pues no implicará ningún gasto diferente al previsto en el correspondiente ejercicio presupuestario para la actividad que se trate.
En lo que se refiere a la incidencia presupuestaria del mismo para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabe reseñar que, dada su naturaleza de convenio marco, no genera per se costes económicos para la misma, sin perjuicio de que algunos de los convenios específicos que se pretendan suscribir en ejecución del marco general previsto en el mismo recojan obligaciones de contenido económico. Es este supuesto la aprobación de tales convenios específicos quedará supeditada a la existencia de cobertura presupuestaria adecuada y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto, en las aplicaciones presupuestarias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Cuarta.   Medidas de control y seguimiento.

Las acciones previstas en este Convenio Marco de colaboración se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de una Comisión mixta paritaria integrada por los representantes de cada institución firmante que se designen y con alternancia anual de la presidencia, iniciada por el Ministerio de Defensa.
Los representantes del Ministerio de Defensa serán nombrados por el Teniente General Jefe de la UM y los de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad por el Director General de Seguridad y Emergencias.
La citada Comisión mixta será el órgano encargado del impulso, el seguimiento y la evaluación de las acciones derivadas de este Convenio Marco.
La reunión constituyente de la Comisión mixta prevista en este Convenio Marco tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de su firma.
La Comisión mixta deberá reunirse cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, una vez al año.
El funcionamiento de la comisión mixta se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.   Legislación aplicable.

Este Convenio Marco de colaboración tiene naturaleza administrativa y para la interpretación de dudas y controversias que surjan en el mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas, a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que se aplicará supletoriamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del citado texto legal, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del Derecho.
Los litigios que puedan surgir entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente Convenio Marco deberán solventarse por mutuo acuerdo de las mismas. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Sexta.   Vigencia.

El presente Convenio Marco de colaboración será eficaz desde el momento de su firma y se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias» y en el «Boletín Oficial de Estado».
Tendrá una vigencia de cinco años a contar desde la fecha de su firma, prorrogable por períodos anuales sucesivos de forma automática, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes que, en su caso, deberá ser comunicada a la otra parte al menos con seis meses de antelación.

Séptima.   Causas de resolución.

Este Convenio Marco de colaboración se podrá resolver por:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Necesidades de la Seguridad Nacional o, en particular, del Ministerio de Defensa.
c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
d) Incumplimiento grave acreditado por una de las partes de los acuerdos alcanzados dentro del presente Convenio Marco.
En los supuestos de extinción se comunicará por escrito a la otra parte con una antelación mínima de tres meses y se realizará un informe de las actuaciones realizadas hasta la fecha de extinción.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio Marco en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicada.—Por el Ministerio de Defensa, el Teniente General Jefe de la UME, César Muro Benayas.—Por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.



Enlace: Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. III, páginas 46413 y siguientes hasta 46417 inclusive, pdf.

Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

6442 Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 17 la necesidad de aprobar por orden ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en el artículo 23, que el procedimiento para la concesión se iniciará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según se establece en el artículo 4 de la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.   Objeto de la resolución.

1. Mediante la presente Orden, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convoca para 2014 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte.
También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte.
2. Las presentes ayudas se convocan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.
3. El objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte.
También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte.
4. Las ayudas económicas que se concedan a esas entidades se destinarán a gastos de asistencia jurídica durante el año en el que se concedan las subvenciones.

Segundo.   Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación.
b) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
c) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
d) No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ni estar sujetas a intervención judicial.
e) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato firmado con la Administración.
f) No estar incursos quienes ostentan la representación legal de las instituciones solicitantes en los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades.
g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social española.
h) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la legislación española.
Tercero.   Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de las subvenciones.

1. Las ayudas que se concedan de conformidad con la presente Orden podrán cubrir total o parcialmente el importe solicitado por las entidades solicitantes y se financiarán con cargo al crédito consignado a tales efectos en el Programa 142A «Acción del Estado en el Exterior», aplicación presupuestaria 12.01.142A.497 de los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del ejercicio de 2014, por un importe total máximo de 30.000 euros.
2. La cuantía individualizada de cada subvención no podrá exceder de 30.000 euros.
3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.

Cuarto.   Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios e irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Si se trata de personas físicas, fotocopia compulsada de su documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Si se trata de personas jurídicas, copia fehaciente del documento de constitución de la entidad, estatutos o acto fundacional, en la que consten las normas que rigen su actividad, así como copia fehaciente del título en virtud del cual el firmante de la solicitud ostenta la representación de la institución.
c) Constancia documental, en su caso, del cumplimiento en el ejercicio fiscal precedente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social española o una declaración al efecto del responsable.
d) Constancia documental o, en su defecto, declaración del responsable de la institución indicando que la entidad no está incursa en ninguno de los impedimentos mencionados en el artículo 2, letras c), d), e), f) y h).
e) Curriculum vitae de la persona física o historial de institución solicitante que acredite su experiencia o intervención en casos similares a aquél para el que se solicita la subvención, así como exposición del plan de actuación que se prevé ejecutar.
f) Documentación que acredite la nacionalidad española de la persona que se enfrenta a la pena de muerte a la que se destina la asistencia.
g) La solicitud deberá incluir un presupuesto de gastos que no puedan ser cubiertos directamente por el solicitante o con cargo a otras ayudas que reciba para la asistencia jurídica. En ningún caso el importe de la subvención puede exceder del coste de la actividad subvencionada.
h) Cualquier otra información que se considere relevante para justificar la solicitud.
2. Los documentos exigidos en los apartados a) y b), deberán acompañar a la solicitud, salvo que obren en poder del centro directivo convocante, no hayan sufrido modificación y no hayan transcurrido mas de 5 años desde su presentación. Esta circunstancia se hará constar por escrito indicando la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos.
3. Cuando los documentos aportados al expediente por el solicitante de las ayudas estén en idioma distinto del castellano, se deberá presentar traducción de los mismos a este idioma.

Quinto.   Lugar y plazo de presentación.

1. Las solicitudes y la documentación se presentarán en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, ante cualquiera de las Oficinas o Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos en el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden de convocatoria.
3. Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos, la Oficina o Sección Consular ante la que se presente la solicitud, o en su caso, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, requerirán a la entidad solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que en el caso de que no realice la subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará según se establece en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sexto.   Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.
2. La Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, como órgano instructor, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución y recabar cuantos informes estime necesarios para resolver.
3. Los expedientes serán evaluados por una Comisión de Valoración que estará integrada de la siguiente forma:

– Presidente: El Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.
– Vocales: El Subdirector General de Asuntos Jurídicos Consulares, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
– Secretario: El Jefe de Área de Asuntos Sociales, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, que actuará con voz y voto.

4. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado Séptimo de esta Orden de Convocatoria, y una vez evaluadas las solicitudes presentadas emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
5. El órgano instructor, a la vista de expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
El órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien resolverá la concesión de acuerdo con la delegación de competencia establecida en Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, modificada por Orden AEC/603/2014, de 9 de abril, por la se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero.

Séptimo.   Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.

1. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La experiencia del solicitante en la organización de defensas jurídicas de carácter penal.
b) La coincidencia de sus intereses con los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte.
c) El plan presentado y el presupuesto para el uso de los recursos solicitados.
2. La Comisión de Valoración valorará con 2 puntos sobre un total de 6 cada uno de los criterios mencionados. Para obtener una ayuda, deberá reunirse un mínimo de 4 puntos.
La existencia en la persona física o jurídica solicitante de intereses objetivos de naturaleza económica, política, ideológica, religiosa, profesional o de otra índole que pudieran ser tangenciales a los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte se valorará negativamente a la hora de evaluar cada solicitud.
3. En caso de que la subvención la solicite la propia persona que se enfrenta a la pena de muerte, el órgano colegiado de evaluación valorará el plan presentado, la justificación del uso de los recursos solicitados y, en general, su capacidad para seleccionar y organizar eficazmente su defensa jurídica frente a la solicitud de, o la condena a, la pena de muerte.
4. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional considere necesarios para resolver.

Octavo.   Resolución.

1. El órgano competente para resolver el procedimiento es el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 63 de su Reglamento, adoptará la resolución en el plazo de quince días hábiles desde la elevación de la propuesta de resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar acreditados los fundamentos por los que se concedan las subvenciones, la relación de solicitantes a los que se conceden y, en su caso, la relación de solicitudes desestimadas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses, a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido el plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, las solicitudes de concesión de subvención podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el apartado 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
5. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
6. Las ayudas concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado».

Noveno.   Modificación de la resolución de concesión.

Cualquier circunstancia sobrevenida que altere las condiciones esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se encuentre suficientemente justificada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Excepcionalmente, siempre que no se altere el objeto y finalidad de la subvención, podrá modificarse la resolución de concesión a solicitud de los beneficiarios cuando la circunstancia sobrevenida impida o dificulte la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado, o haga necesaria la modificación para el buen fin de la actuación, y siempre que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad y haga viable su ejecución en los términos de la modificación.

Décimo.   Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención se realizará siempre previa justificación documental de los gastos realizados. Los gastos habrán de ser coherentes con la documentación establecida en el apartado 4 de esta convocatoria. El beneficiario podrá solicitar pagos parciales por gastos realizados y justificados hasta completar el total de la cuantía de la subvención otorgada.
2. Los beneficiarios de subvención que sean residentes en España, dirigirán la solicitud del pago de la misma a la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, acompañada de un amplio y detallado informe sobre los gastos incurridos, desglosando conceptos e importes y adjuntando los correspondientes justificantes originales. Los residentes en el extranjero, lo harán a la Oficina Consular de carrera donde esté inscrita la persona de nacionalidad española que se enfrenta a la pena de muerte para cuya asistencia se solicitó la subvención, acompañando siempre los mismos documentos.
3. Los beneficiarios de una subvención deberán firmar, en el momento de percibir cada pago, un documento acusando recibo de la cantidad y asumiendo el compromiso de restituirla en caso de concurrir alguna causa de restitución de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Undécimo.   Justificación de las subvenciones.

1. Antes del 10 de diciembre del año de concesión de la subvención, los beneficiarios presentarán una memoria sobre la aplicación de la subvención concedida en la que consten las actividades realizadas, su coste y el detalle de los gastos en que haya incurrido.
2. Los gastos se justificarán mediante originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, hasta alcanzar el importe de la subvención obtenida. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
3. La memoria y la documentación justificativa que la acompañe se presentarán, en la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, en el caso de beneficiarios residentes en España y en la Oficina o Sección Consular correspondiente, en el caso de residir en el extranjero, que la remitirá a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.

Duodécimo.   Responsabilidad, régimen sancionador y reintegro de subvenciones.

1. Los beneficiarios quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, y Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas así como la exigencia de interés de demora en los supuestos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 91 de su Reglamento de desarrollo. En todo caso se reintegrará la totalidad de la subvención percibida en el supuesto de que no se aplique la cantidad concedida a los fines para los que fue otorgada.

Decimotercero.   Régimen Jurídico.

En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30) por la que se establecen las bases reguladoras, así como en las restantes normas de derecho administrativo.

Madrid, 9 de junio de 2014.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Cristóbal Valdés Valentín-Gamazo.



Enlace: Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. Boletín Oficial del Estado, miércoles 18 de junio de 2014, núm. 147, sec. III, páginas 46208 y siguientes hasta 46213 inclusive (6 págs.), pdf.